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La declaración de los MUP lo primero que impuso fueron nuevos
marcos y límites de gestión que rompieron con las unidades tradi-
cionales de ordenación y aprovechamiento definidas y consensua-
das por las comunidades rurales durante siglos, a la par que limi-
taciones incesantes a las actividades que históricamente se venían
desarrollando en ellos, bajo un afán de expandir la extensión de las
manchas boscosas, como si estas sufrieran una intensa deforesta-
ción o fueran escasas, nada más lejos de la realidad descrita. Valga
como ejemplo la prohibición de la tala de madera para la elabora-
ción de madreñas mediante sanciones forestales a los artesanos,
forzándolos en muchos casos a la emigración durante las décadas
de los 50 y 60 el pasado siglo, tal cual sucedió en el pueblo de Tarna.
En esta etapa se dio además un cambio trascendental: el paso de
la titularidad de los montes a favor del ayuntamiento moderno, a
excepción de las declaradas como parroquias rurales, así como el
trasvase de la gestión de los mismos al organismo regional compe-
tente en materia forestal. Estos cambios han contribuyeron de for-
ma notable a un progresivo distanciamiento entre población local y
gestión de los recursos naturales.
Estos cambios formales, junto con el progresivo vaciamiento de-
mográfico de los pueblos y aldeas, al socaire del éxodo rural con-
temporáneo a los centros industriales nacionales y regionales, pro-
vocaron el abandonó del monte como espacio productivo, con la
consiguiente simplificación de los complejos sistemas de pastoreo
rotacional, así como la extinción de la mayor parte de las prácti-
cas forestales descritas. Su decadencia productiva trajo parejo un
proceso de cierre gradual del paisaje a favor de las coberturas de
bosque y matorral, tendente a difuminar el carácter en mosaico de
los montes casinos y con capacidad para borrar bajo la maleza la
herencia cultural en forma de cabañas, caminos, abrevaderos y de-
más construcciones auxiliares que los dotaron de vida años atrás.
La declaración del Parque Natural (1996) y de la Reserva de la Bios-
fera (2001) surgen como figuras de protección del territorio con la
clara encomienda conciliar conservación y desarrollo socioeconó-
mico en el caso de la primera, y de velar, en igual medida, por la
conservación tanto del patrimonio natural como del cultural en la
segunda. Ya han pasado varios años de ambas declaraciones y el
balance no es positivo, el anhelado desarrollo sostenible no se ha
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